Congreso

Aumentó el robo a comercios 108 por ciento en C. Izcalli

Propone Karla Fiesco considerarlo como delito grave

El problema del robo a comercios en el Estado de México está creciendo a niveles alarmantes, y “entre los municipios que presentan los índices más altos, están Ecatepec de Morelos, Tultitlán, Naucalpan de Juárez, Coacalco de Berriozábal, Tecámac, Chimalhuacán y Cuautitlán Izcalli, este último, de enero a septiembre del presente año aumentó en 108%, es decir, más del doble con respecto al año anterior”, sostuvo la diputada local del PAN, Karla Fiesco García, quien presentó una iniciativa de ley, para incluir al robo a negocios, al catálogo de delitos graves.

Al presentar su iniciativa, en la exposición de motivos, la diputada dijo que la seguridad pública es un derecho humano al cual todos y cada uno de los habitantes de este país tiene derecho, y donde el Estado tiene la obligación y el deber de proporcionarla, así lo establece nuestra Constitución Política en su Artículo 21.

Karla dijo que esta situación, es la consecuencia de estrategias y acciones sin resultados, las cuales, se reflejan en los altos índices de inseguridad, ya que de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística de México, al 2018 las entidades con mayor tasa de ilícitos registrados fueron la Ciudad de México y el Estado de México, en las que alrededor del 40% de su población fue víctima de algún delito.

Dentro de este porcentaje, los ilícitos cometidos por robo a negocio representan uno de los indicadores más altos, dado que ha incrementado considerablemente en lo que va del año; “este delito atenta contra la economía y sustento de las familias, además de poner en riesgo los empleos generados”, dijo.

En este sentido, su  iniciativa propone que el robo a negocio se sume al catálogo de delitos graves para eliminar los beneficios legales accesibles a los responsables que actualmente les ofrece la normatividad; así como, incrementar la penalidad y generar acciones coordinadas con las autoridades y los negocios para inhibir este ilícito, derivado del incremento de su incidencia, y sumado a que las víctimas pocas veces denuncian los hechos debido a las presiones y amenazas que reciben de los delincuentes.

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