No regulará tarifas de estacionamientos, el actual gobierno de Cuautitlán Izcalli; no tiene facultades, asegura.
El Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli, “no tiene facultades para imponer tarifas en los estacionamientos”, ni mucho menos, “para establecer minutos gratis o de tolerancia”, por lo que su operación, se basará en los “esquemas de negocio” que tengan estos giros y en los acuerdos que tengan con la nueva autoridad.
Anta le controversia e irritación social por la apertura de los estacionamientos suspendidos en Cuautitlán Izcalli, la nueva administración que encabeza Karla Fiesco García, convocó a medios de comunicación a una reunión “off the record” o “fuera de grabación”, para explicar la situación que prevalece con este controvertido tema.
De acuerdo con la amplia explicación legal, los gobiernos anteriores han incurrido en irregularidades al aplicar la ley, porque los Ayuntamientos, no tienen las facultades para establecer tarifas sobre servicios que se prestan en propiedad privada, de tal suerte que, a lo largo del tiempo, los empresarios que se dedican a estos giros, han ganado amparos y es por eso que están operando con las tarifas que tienen.
La determinación de quitar los sellos a seis estacionamientos, de los 27 suspendidos, fue porque la actual administración, “no quiere incurrir” en los delitos de “abuso de autoridad y daño patrimonial”, ni en los atropellos de los derechos de los empresarios, tal y como se cometió en la pasada administración. Según se explicó, hay denuncias en contra de la determinación de imponer tarifas y de instaurar los procedimientos irregulares para suspender su actividad, lo cual, traerá como consecuencia implicaciones económicas, tanto en el ámbito privado como el público, ya que, por la medida, también se dejaron de ingresar recursos a las arcas municipales.
De acuerdo a lo expuesto, los estacionamientos de plazas privadas, están operando bajo el esquema de “permisos” y no con “licencias de funcionamiento”; por ser propiedad privada, ellos pueden proponer sus tarifas a cobrar, y el gobierno, lo único que puede hacer, es avalar o negar esa tarifa, pero nunca, imponer una; y mucho menos, exigirles tiempo gratis.
Bajo este esquema, el gobierno municipal que encabeza Karla Fiesco, contrario a la política de la pasada administración, trabajará bajo el esquema de acuerdo con los permisionarios, tratando de no lesionar los derechos de los empresarios, pero también, pidiendo que se les den más garantías a los usuarios en el servicio que prestan, el cual es, “la guardia y custodia de los automóviles”.
Para tal efecto, se está proponiendo la creación de una “Procuraduría municipal para la defensa de los usuarios de estacionamientos”.
El tema de los estacionamientos ha generado mucha molestia e irritación entre los izcallenses, sobre todo, porque se cree que las plazas comerciales están obligadas a proporcionar cajones de estacionamiento para sus visitantes, para lo cual, el actual gobierno explicó que, efectivamente, eso lo marca la ley, pero lo que no se contemplan en la norma, es que si esos espacios serán gratuitos o de cobro.
La salida y/o el recurso que tienen los usuarios y visitantes a las plazas, ante este panorama, es tomar la decisión de acudir o no, a partir de lo que consideran que es caro o barato, de acuerdo a lo que se maneja en el mercado.
En estos momentos, algunos de los empresarios que operan los estacionamientos, ya se acercaron con el nuevo gobierno y han entregado sus documentos y solicitudes, y también, se han tratado los temas de los recursos interpuestos para retomar sus actividades, y es por ello, que se les retiraron los sellos.
Cabe hacer mención que, todos los estacionamientos, tienen la obligación de reportar un pago por el servicio que prestan, el cual es bimestral y depende del número de cajones que tienen.
Sobre los “acuerdos de Cabildo” en donde se fijaron tarifas de 7 pesos por las dos primeras horas y 30 minutos gratis, a los estacionamientos de Luna Parc, Perinorte, Arkana y San Miguel, el actual gobierno aseguró que no se pueden hacer efectivos, puesto que fueron aprobados de manera ilegal y están en litigio.
