Exhiben anomalías en proceso de la compra de patrullas en Izcalli
Tienen sobreprecio de 25 mdp, afirma síndico Joanna Felipe Torres
Finalmente y luego de una serie de denuncias públicas y formales, los ediles lograron que comparecieran la encargada de despacho de la Dirección de Administración, quien además es la presidenta del Comité de Adquisiciones, y la Tesorera municipal, esta última, pidió ser asistida por el encargado del área jurídica, para hablar del tema de la compra de patrullas y la contratación de camiones recolectores de basura.
La comparecencia, comenzó con una exposición y le siguieron varias preguntas de los ediles, y por momentos, el encuentro se tornó ríspido ante la opacidad que se seguía percibiendo por el tema; en primera, se les había prometido que se les entregaría todo el expediente de la compra de patrullas, pero eso no fue así, solo se le entregó a la síndico Joanna Felipe Torres, y eso porque presentó una denuncia formal ante la Contraloría, cosa que molestó a gran parte de los ediles.
La explicación no dejó satisfechos a los ediles, sobre todo, porque identificaron infinidad de irregularidades, entre ellas, una autorización por parte del Comité de Adquisiciones para que fuera una “adjudicación directa” y no una licitación, esto, argumentando que había una urgencia.
La síndico Joanna Felipe Torres, quien es la que más le ha dado seguimiento al tema de la compra de patrullas, no sólo evidenció un cúmulo de anomalías en el proceso, sino que, también, evidenció que todo parece indicar que se “arregló o se acomodó” todo, para que ganara una empresa en específico.
Al hacer un resumen de las anomalías sobre el procedimiento de compra, “se confirmó que la fecha en que el Comité de Adquisiciones aprobó que el procedimiento fuera vía adjudicación directa (12 de abril), fue la misma fecha en que firmaron el contrato de adquisición; es decir, bastaron unas horas para que cotizaran, realizaran estudio de mercado, dictaminaran, solicitaran propuestas técnicas y económicas a varias empresas, eligieran la empresa idónea, realizaran el contrato con fechas de entrega y pagos, entre otras cosas”.
Por otra parte, ante la sospecha de malos manejos en la aplicación de los recursos públicos, la síndico informó que ella y su equipo, solicitó cotizaciones a las empresas concesionarias, sobre los mismos modelos y marcas, y encontró un sobre precio de 25 millones de pesos. Las unidades, ya equipadas y con IVA, por ejemplo, en el caso de las camionetas Ford, tienen un sobreprecio de 352 mil pesos; los autos sedan KIA, un sobreprecio de 169 mil pesos, y en el caso de las motos, se compraron 98 mil pesos más caras, esto a precio de mercado.
La síndico lamentó esta situación, sobre todo, porque con esos 25 millones de pesos, se hubieran hecho algunas obras o se hubieran atendido algunas otras necesidades que se tienen en el Gobierno y en la comunidad.
“Es evidente la ilegalidad del procedimiento y el exhorbitante sobreprecio. Nuestra obligación como síndicos, es la vigilancia de la Hacienda Pública, por lo que tenemos la ineludible responsabilidad de señalar y denunciar posibles actos de desvío de recursos públicos e indebidos procesos”, comentó.
Con los elementos de prueba que se adquirieron, la síndico anunció que fortalecerá la denuncia interpuesta y no descartó acudir ante otras instancias a la brevedad.
