* Denuncia por violencia política en Izcalli; advertencia que adelantamos
David Nieblas Meza escribe Tinta Suelta, su columna semanal en Punto Medio
Tal como lo advertimos en este espacio, la exclusión de la regidora Valentina Loa de eventos oficiales no era un simple desencuentro administrativo, sino un síntoma de algo más profundo. Esta semana, ediles del Ayuntamiento de Izcalli fueron notificados sobre una denuncia por violencia política en razón de género que está siendo investigada.
Aunque hasta ahora no se ha revelado oficialmente quién la interpuso ni contra quién, todo apunta a que se trata de la queja de Valentina contra el alcalde Daniel Serrano Palacios.
Desde que la regidora denunció su exclusión en la sesión de Cabildo (que podría ser no la única causa), el alcalde ha optado por el silencio o respuestas ambiguas. Incluso, por ahí “se le cayó en la mentira” cuando se quiso justificar utilizando a la regidora del PAN, Ely Quintana, quien le respondió con un gran revés; hasta video hizo contradiciéndolo.
Pero en política, el silencio no equivale a olvido. Lo que parecía una confrontación interna dentro del Cabildo ahora ha escalado a una instancia formal, donde la denuncia podría derivar en sanciones.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que la obstrucción del ejercicio del cargo de una mujer en la función pública puede constituir violencia política de género. En este caso, la falta de convocatoria sistemática a Valentina Loa en eventos del gobierno podría encuadrarse en esta figura.
El Instituto Electoral del Estado de México y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han sido claros en sentencias recientes: negar información o participación a una funcionaria pública por su género o por sus posturas políticas, es una falta grave.
De confirmarse que la denuncia proviene de Valentina Loa contra Daniel Serrano, el caso pondría en evidencia la contradicción del alcalde, quien ha insistido en que su gobierno tiene una perspectiva de género y es “feminista”.
Pero esta no sería la primera vez que su administración es señalada por prácticas que afectan a las mujeres. Como lo señalamos en este mismo espacio, al inicio de su gestión, Daniel Serrano despidió a varias empleadas municipales, quienes denunciaron malos tratos y violaciones a sus derechos humanos. Ahora, su gobierno podría enfrentar un nuevo revés, esta vez en instancias electorales y no sólo mediáticas.
El hecho de que se haya notificado a los integrantes del Cabildo sobre la investigación significa que la denuncia ya fue formalmente aceptada y que está en curso una indagatoria. Dependiendo del avance del caso, el alcalde podría enfrentar desde una amonestación pública hasta sanciones más severas, incluyendo la inhabilitación para ocupar cargos públicos en el futuro.
Por lo pronto, la regidora Valentina Loa ha dado un paso que pocos se atreven a dar en la política local: desafiar abiertamente al poder y llevar la batalla más allá del ámbito municipal. La pregunta es si Daniel Serrano seguirá ignorando el tema o si, ante la presión legal y política, finalmente dará la cara con una respuesta clara, pero sobre todo, si habrá de cambiar de actitud.
El tiempo y las autoridades dirán si en Cuautitlán Izcalli se respeta la equidad de género o si la violencia política sigue siendo parte del juego de poder. Estaremos atentos al caso.