Transparencia en renta… y opacidad en la factura
Por más vueltas retóricas que se le quiera dar, hay algo que no cuadra cuando un gobierno presume apertura y, al mismo tiempo, entrega contratos borrosos, testados y después de medio año de estira y afloja.
En Cuautitlán Izcalli, el arrendamiento de vehículos y maquinaria por 356 millones de pesos no sólo abre un expediente administrativo: abre una discusión política de fondo sobre cómo se ejerce el dinero público… y qué tan real es el discurso de la transparencia.
Porque no se trata de un papel extraviado en un cajón. El contrato no estaba publicado en los portales, pese a que la ley obliga a hacerlo visible; la información salió a fuerza de resoluciones en materia de acceso a datos públicos; y cuando por fin llegó, lo hizo con partes ilegibles y con el proveedor oculto. Todo un catálogo de prácticas que, en el mejor de los casos, revelan descuido; y en el peor, una resistencia sistemática a rendir cuentas.
El contraste es inevitable. El alcalde Daniel Serrano Palacios ha insistido en presentarse como promotor de la transparencia en el uso de recursos. Sin embargo, este expediente muestra lo contrario: dilaciones, oficios que rebotan de escritorio en escritorio, licitaciones que no aparecen en los portales y cifras que sólo se alcanzan a leer porque alguien se tomó el trabajo de revisarlas con lupa.
Y luego está la ironía política. Durante años, desde la tribuna de la oposición se criticó a los gobiernos del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional por “saquear” al municipio mediante esquemas de arrendamiento. Hoy, bajo la bandera del Movimiento Regeneración Nacional, Serrano Palacios no sólo se mantiene la fórmula… se incrementa.
Las cifras hablan: de poco más de 125 millones destinados a arrendamientos en 2024, pasó a 195 millones en 2025, sólo en esa partida. Setenta millones extra. Y encima, un contrato que amarra recursos por 33 meses, comprometiendo presupuestos futuros que todavía no han pasado por el tamiz anual del Cabildo. La austeridad, al parecer, también se renta… pero a largo plazo.
Más llamativo aún es el contraste con administraciones pasadas de Morena en Izcalli. Hace dos trienios, el gobierno de Ricardo Núñez apostó por comprar vehículos y maquinaria para fortalecer el patrimonio municipal. Hoy la lógica es otra: rentar, sin mayor explicación pública y con un velo informativo que provoca más preguntas que certezas.
Porque la pregunta es inevitable e incómoda: ¿cuántos camiones, retroexcavadoras, grúas o unidades utilitarias se habrían podido adquirir con 356 millones de pesos?.
¿Cuántos habrían quedado como activos del municipio, en lugar de irse por el drenaje de la renta mensual?.
La transparencia no se acredita con discursos, ni con frases bien colocadas en conferencias. Se acredita cuando los contratos están completos, legibles, publicados y con los nombres de quienes cobran del erario a la vista de todos. Lo demás es narrativa, o quizá un intento de engaño, de esos, de los que la gente ya estaba harta.
Y en este caso, una narrativa que se cae cuando el ciudadano tiene que esperar seis meses, acudir a instancias garantes y recibir documentos donde justo lo más importante… no se puede leer. ¡Eso sí que es transparencia!.