* Vientres de alquiler: cuando la dignidad entra al mercado
En política hay temas cómodos y temas necesarios. Los cómodos dan aplausos fáciles. Los necesarios incomodan, dividen y obligan a pensar. La maternidad subrogada pertenece a esta segunda categoría.
Tuve la oportunidad de acudir al Parlamento Abierto sobre maternidad subrogada impulsado por la diputada Joanna Felipe Torres en el Congreso del Estado de México, y confieso algo: uno a veces pasa de largo frente a fenómenos que están creciendo silenciosamente.
Escuchamos el término “vientres de alquiler” y lo reducimos a un debate lejano, técnico, casi abstracto. Pero cuando se escuchan las cifras, los casos y las historias, el tema deja de ser una discusión académica para convertirse en una pregunta profundamente humana.
Porque detrás del concepto hay mujeres. Y detrás de los contratos, hay contextos.
Formar una familia es un deseo legítimo. Nadie puede negar eso. La ciencia ha permitido que personas y parejas que antes no podían tener hijos hoy tengan una posibilidad.
Pero también es cierto que en un país atravesado por la desigualdad, muchas mujeres recurren a la maternidad sub-rogada no desde una posición de plena libertad, sino desde la necesidad. Y ahí es donde el debate deja de ser cómodo.
En el foro se habló de contratos mal diseñados, de vacíos legales, de promesas incumplidas, de mujeres que aceptan gestar por carencias económicas profundas y que terminan sufriendo. Historias que no siempre se cuentan en los discursos optimistas sobre “derechos reproductivos”.
La pregunta no es sencilla: ¿cuándo estamos frente a un acto autónomo y cuándo frente a una decisión condicionada por la precariedad?
Lo más inquietante es que esta industria crece. Y crece rápido. Mientras el mercado internacional mueve miles de millones de dólares, en México el marco legal sigue siendo fragmentado y desigual. Algunos estados permiten la práctica bajo ciertas condiciones; otros la prohíben; a nivel federal, el vacío es evidente.
Lo peligroso no es debatir. Lo peligroso es no hacerlo.
La intervención de la diputada Ana Yurixy Leyva Piñón recordó algo esencial: este tema cruza derechos humanos, autonomía reproductiva, protección de las mujeres e interés superior de la niñez. No admite simplificaciones.
Y escucharlo ahí, en sede legislativa, con jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México participando activamente, hizo evidente que no estamos ante una discusión marginal.
Estamos ante un fenómeno que ya está aquí.
Lo que más me impactó no fueron las cifras. Fueron las historias.
Mujeres que firmaron sin comprender del todo las implicaciones legales. Casos donde la vulnerabilidad económica fue el punto de partida. Situaciones donde el cuerpo se convierte en cláusula contractual.
No se trata de condenar a quienes deciden participar en estos procesos. Se trata de preguntarnos si el Estado está garantizando condiciones reales de libertad, información y protección.
Porque cuando la necesidad económica es el motor principal, la palabra “elección” se vuelve más frágil.