* Una herida que el gobierno de Izcalli se niega a ver
En Cuautitlán Izcalli, el discurso oficial repite una y otra vez que la seguridad mejora, que la ciudadanía está en el centro de las políticas públicas y que se construye un “gobierno feminista”. Sin embargo, la realidad desmiente ese relato con episodios que exhiben la distancia entre la propaganda política barata y la vida cotidiana de la gente. El caso de Jessica, vecina de Parques, es uno de ellos.
Hace unas semanas, un grupo de vecinos protestó pacíficamente contra el retiro de rejas en sus calles. La respuesta del gobierno municipal no fue el diálogo, sino un despliegue policial que terminó en empujones, golpes y forcejeos, en un operativo en el que participó incluso el entonces comisario de seguridad, Hermenegildo López Hernández.
En medio de ese acto de represión, Jessica resultó lesionada. La fractura en su pie la llevó al quirófano y hoy enfrenta una vida marcada por dolor y gastos médicos.
Lo verdaderamente indignante no es sólo la agresión sufrida, sino la indiferencia institucional del “gobierno feminista”. Jessica presentó denuncia, entregó estudios médicos, documentos y pruebas. La respuesta fue lapidaria: “no se ve la agresión”. Con esas palabras, explicó, la autoridad no sólo negó el daño evidente, sino que reafirmó un mensaje político peligroso: en Izcalli, el abuso de poder puede quedar impune y la víctima debe cargar sola con las consecuencias.
La administración de Daniel Serrano Palacios ha fallado en lo más elemental: asumir responsabilidades. Ni el Ayuntamiento ni la corporación policial han ofrecido una disculpa, mucho menos, han hecho algo para la reparación del daño. La promesa de un “gobierno feminista” que protegería a las mujeres quedó reducida a un eslogan vacío, incapaz de traducirse en acciones reales.
El caso de Jessica no es un hecho aislado. Forma parte de una cadena de abusos que comparten un patrón: ciudadanos que alzan la voz, autoridades que responden con violencia y denuncias que son enterradas bajo el desdén burocrático. A la fecha, se han hecho por lo menos tres denuncias penales por discriminación en contra de funcionarios.
Se trata de una práctica que erosiona la credibilidad del gobierno y que lo coloca en el terreno más frágil para cualquier autoridad: el de la ilegitimidad, sobre todo, por el “movimiento” del cual proviene. No por nada, las críticas más fuertes en contra de esta administración que encabeza Daniel Serrano, provienen de los propios morenistas.
“Lo que me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera”, dijo Jessica. Esa frase sintetiza el verdadero riesgo que enfrenta la comunidad izcallense: la normalización de la represión. Cuando un gobierno cierra la puerta a la justicia, no sólo abandona a una víctima, abandona a toda la sociedad.
La renuncia del excomisario, Hermenegildo López Hernández, lejos de ser un acto de justicia, fue apenas un movimiento para tratar de apagar el escándalo. Pero el daño ya está hecho. El espejo que este caso pone frente al Ayuntamiento de Izcalli refleja impunidad, desinterés y un gobierno más dispuesto a proteger sus propios excesos que a defender a su gente.
La herida de Jessica se puede convertir en la herida de un municipio entero. Una herida que seguirá abierta mientras el gobierno de Daniel Serrano no asuma su responsabilidad y deje de esconderse detrás del silencio.