Plantea Joanna prohibir gestación subrogada con fines comerciales
* Proponen hasta 27 años de prisión por explotación reproductiva en el Estado de México
* Diputada izcallense presentó iniciativa para tipificar esta práctica como una forma de violencia de género
La historia de Luisa, una mujer de escasos recursos originaria de una comunidad rural en el estado de Tabasco, fue el ejemplo que la diputada local del PAN, Joanna Felipe Torres, llevó a la tribuna del Congreso del Estado de México para evidenciar los riesgos y abusos que, afirmó, pueden derivarse de la gestación subrogada con fines comerciales.
De acuerdo con el caso expuesto por la legisladora izcallense, Luisa fue contactada por una agencia que trabajaba con padres extranjeros y, ante su precaria situación económica y la necesidad de mantener a sus propios hijos, aceptó gestar un bebé a cambio de una compensación económica.
Sin embargo, durante el embarazo surgieron complicaciones médicas y el bebé nació de forma prematura, además de presentar una condición congénita que no había sido detectada ni informada previamente por la clínica de fertilidad que intervino en el proceso.
Al conocer la situación, la pareja extranjera que había contratado el procedimiento cortó toda comunicación con la agencia y abandonó el país sin reclamar al recién nacido en el hospital.
La agencia, por su parte, se deslindó del caso argumentando que, al no haberse realizado el pago final por parte de los clientes, la mujer no recibiría la compensación prometida, a pesar de haber enfrentado los riesgos médicos propios del embarazo y del parto.
Así, Luisa quedó en una situación desesperada: con problemas de salud derivados del parto, sin recursos para cubrir sus deudas y con un bebé en brazos que, de acuerdo con el contrato firmado, legalmente no era suyo, pero que en la práctica nadie más reclamaba.
Durante meses, relató la legisladora, la mujer tuvo que luchar no sólo por sobrevivir, sino también para lograr el reconocimiento legal de la identidad del menor.
“Luisa fue explotada como gestante; al nacer su bebé, fue abandonada y ella quedó sola, sin apoyo ni compensación. Casos como el de ella muestran la urgencia de proteger a mujeres y niños frente a la explotación reproductiva”, expresó la diputada.
Propuesta para prohibir la gestación subrogada comercial
En este contexto, el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado de México presentó una iniciativa para tipificar la explotación reproductiva como delito y prohibir la gestación subrogada con fines comerciales en la entidad.
La propuesta fue impulsada por la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres y suscrita también por el legislador Pablo Fernández de Cevallos González, coordinador de la bancada panista.
El proyecto plantea sanciones de seis a doce años de prisión para quien ofrezca, gestione, promueva, intermedie o contrate servicios de gestación subrogada con fines comerciales, así como multas que irían de 500 a mil 500 días.
Además, se propone que cuando la conducta sea cometida por servidores públicos, profesionales de la salud o integrantes de clínicas, agencias o entidades dedicadas a la intermediación reproductiva, las penas aumenten de nueve a dieciocho años de prisión, además de multas de hasta dos mil días.
La iniciativa también contempla agravantes que permitirían incrementar la pena hasta en una mitad, lo que podría elevar las sanciones hasta 27 años de cárcel, particularmente cuando la mujer gestante se encuentre en condiciones de vulnerabilidad económica, social o de salud.
Explotación reproductiva como violencia de género
El proyecto legislativo propone reformas al Código Penal, al Código Civil y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, con el objetivo de reconocer la explotación reproductiva como una modalidad de violencia de género.
De acuerdo con la propuesta, esta conducta se define como cualquier acto mediante el cual una mujer es inducida, presionada, contratada o incentivada para gestar un embarazo con el propósito de entregar a la niña o niño recién nacido a otra persona o pareja con fines comerciales.
Esto incluye la existencia de contratos, convenios o acuerdos que impliquen intermediación, publicidad o promoción de este tipo de servicios.
La legisladora señaló que esta práctica implica la cosificación y mercantilización de los cuerpos y capacidades reproductivas de las mujeres, además de vulnerar su autonomía, dignidad y derechos reproductivos.
Asimismo, advirtió que en los casos de gestación subrogada comercial también puede verse comprometido el interés superior de la niñez, ya que el nacimiento se produce a partir de acuerdos mercantiles y no necesariamente de vínculos familiares sustentados en la responsabilidad parental.
En ese sentido, la iniciativa establece que en ningún caso se sancionará penalmente a la mujer que haya sido inducida, presionada o explotada para participar en un proceso de maternidad subrogada con fines comerciales.
Atención integral y protección de derechos
La propuesta también plantea que, en caso de aprobarse, los gobiernos estatal y municipales implementen programas de prevención, información y sensibilización sobre la explotación reproductiva.
Asimismo, se establece la obligación de garantizar atención integral médica, psicológica y legal para las mujeres que hayan sido víctimas de estas prácticas.
En materia de protección a la infancia, se plantea asegurar el registro, la identidad y la protección de los derechos de las niñas y niños nacidos en estas circunstancias, siempre bajo el principio del interés superior de la niñez.
De igual forma, el proyecto propone prohibir la participación de instituciones de salud públicas o privadas, laboratorios y clínicas de fertilidad en cualquier procedimiento que implique explotación reproductiva.
Cambios en el Código Civil
La iniciativa también contempla modificaciones al Código Civil del Estado de México para establecer la prohibición de las prácticas de maternidad subrogada cuya finalidad sea la comercialización de niñas o niños.
Esto incluye la intermediación, publicidad, oferta o promoción de estos servicios como si se tratara de una actividad comercial.
Además, se propone que en los casos en que se detecte gestación subrogada con fines comerciales, la maternidad legal del recién nacido corresponda a la mujer que lo haya gestado y dado a luz, sin perjuicio de los procedimientos legales de reconocimiento o adopción que pudieran realizarse posteriormente.
Llamado ante el 8M
La diputada panista explicó que esta iniciativa fue presentada en el contexto del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de las mujeres y de la niñez.
“Ninguna mujer debe ser explotada como un instrumento reproductivo. La gestación subrogada con fines comerciales no puede estar por encima de la dignidad humana, y los derechos de las niñas y niños deben prevalecer sobre cualquier contrato civil o interés económico”, expresó.
Finalmente, la legisladora hizo un llamado a la gobernadora del Estado de México y a las y los integrantes del Congreso local para que los poderes Ejecutivo y Legislativo sumen esfuerzos en la protección y promoción de la dignidad, la humanidad y los derechos de las mujeres y de la niñez en la entidad.