Ocultar información, es corrupción; y eso… no es cosa menor en la 4T
Hay frases que, por su simpleza, terminan siendo demoledoras. “Ocultar la información es corrupción”, sentenció la regidora Valentina Loa durante la pasada sesión de Cabildo. No fue un exabrupto político, ni un arrebato personal. Fue una afirmación con peso moral y legal, dicha en un momento en que el gobierno municipal parece navegar entre la opacidad y el desdén por la rendición de cuentas.
Valentina Loa no habló al vacío. Lo hizo respaldada por una resolución que le dio la razón y que, en teoría, debería bastar en un futuro próximo para que se le entregue la información que ha solicitado desde hace meses y que el Ayuntamiento ha negado.
Pero lo verdaderamente relevante es que su reclamo cobra hoy un significado más profundo, a la luz de la reciente revelación que ha sacudido la esfera local: la adjudicación directa de más de 120 millones de pesos para un sistema de alarmas vecinales y tecnología de seguridad.
De acuerdo con una solicitud de transparencia dada a conocer en estos días, se pudo obtener el contrato MCI/CAAIE/AD/003/2025, firmado el 13 de marzo de 2025, que fue otorgado a la sociedad civil Organización con Causa y Sentido Social por la Seguridad de México, S.C., con domicilio en Hidalgo y sin antecedentes comprobables en materia de seguridad o tecnología. El monto, que supera los 120 millones de pesos, se destinó al arrendamiento de un supuesto “ecosistema de redes y alarmas vecinales, seguridad robótica aérea y el programa Mujer Protegida”.
El problema no es sólo el contenido del contrato, sino el procedimiento que ya está causando más preguntas que respuestas. El documento fue adjudicado de manera directa, sin licitación pública, pese a que la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, establece que cifras de ese tamaño deben someterse a un proceso abierto y transparente de licitación.
Por si fuera poco, el gasto fue registrado bajo la partida de “arrendamiento de activos intangibles”, aunque en el propio contrato se mencionan bienes tangibles: drones, cámaras y sistemas de alarma. Una clasificación contable, digamos, flexible, que ya de por sí deja más preguntas que certezas.
Y si el asunto ya es preocupante en términos técnicos, lo es más por lo político: entre los firmantes aparecen nombres clave del primer círculo del alcalde y no el alcalde mismo, como Perla Ivonne Blanco Calderón, secretaria del Ayuntamiento y presidenta del Comité de Arrendamientos; Armando Cervantes Punzo, director de Administración y Finanzas; y el capitán Hermenegildo Héctor López Hernández, entonces titular de Seguridad Ciudadana. ¿Será que éstos, asumirían al 100 por ciento las responsabilidades de la transacción?, es pregunta.
Hasta ahora, no se ha informado públicamente cuáles fueron los criterios que justificaron la contratación, ni si el Cabildo aprobó y está avalando este tipo de convenio plurianual, que compromete recursos hasta diciembre de 2027.
La brecha entre el discurso y la realidad en Cuautitlán Izcalli parece ensancharse cada día más.
Lo que está en juego no es sólo un contrato, sino la confianza. Porque como bien dijo Valentina Loa y cuesta trabajo no darle la razón: ocultar la información no sólo es un error administrativo. Es una forma de corrupción.