* La incomodidad de una regidora; más dolores de cabeza para el edil
No todos los conflictos políticos son iguales. Algunos son diferencias de criterio; otros, disputas de poder. Pero hay casos que cruzan una línea más delicada, más incómoda, más peligrosa: cuando desde el ejercicio del poder se configura un entorno que podría limitar, hostigar o deslegitimar la voz de una mujer en funciones públicas.
Eso es exactamente lo que hoy está bajo la lupa del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM); el presunto culpable, el alcalde Daniel Serrano Palacios y algunos de sus colaboradores.
En política, hay personajes que acompañan… y otros que incomodan. Valentina Loa se está convirtiendo más en lo segundo; en un verdadero contrapeso para combatir los abusos del poder.
Y eso, en un gobierno que se asume parte de la llamada Cuarta Transformación, debería ser motivo de reflexión, no de confrontación.
Hoy no estamos ante un simple diferendo de Cabildo. Lo que está sobre la mesa es un procedimiento formal por presunta violencia política en razón de género y violencia institucional, admitido por el Instituto Electoral del Estado de México, bajo el expediente PES-VPG/CUA/IZ/VLR/LDSP-OTROS/35/2025/11.
No es un asunto menor; no es mediático; es ya un tema institucional.
Y además, es un caso que tuvo que ser reabierto por orden del Tribunal Electoral, luego de que inicialmente fuera desechado pese a la existencia de pruebas supervinientes que no fueron analizadas.
Ahí empieza el problema, o más bien, el dolor de cabeza.
Lo que el expediente plantea y que ahora deberá probarse o desvirtuarse, no es una discusión política cualquiera. Se investiga si, desde el propio gobierno municipal, se generaron condiciones que podrían haber limitado, desacreditado o presionado a una mujer en el ejercicio de su cargo. Y eso cambia todo.
Porque cuando el poder se utiliza, o se percibe que se utiliza, para contener a una voz crítica, el problema deja de ser político y se vuelve estructural.
Más aún cuando no se señala a una sola persona, sino a áreas completas del Ayuntamiento.
Pero hay un elemento que resulta aún más incómodo: la narrativa. Valentina Loa no es una figura de oposición tradicional. No viene de la derecha. No representa un bloque conservador. Por el contrario, su postura pública ha sido consistente con los principios que el propio movimiento en el poder dice defender: transparencia, rendición de cuentas, combate a abusos de poder.
Y ahí es donde la contradicción se vuelve evidente.
Porque mientras desde el discurso se habla de transformación y de un “gobierno feminista”, en los hechos se enfrenta una denuncia que señala prácticas que recuerdan, y mucho, a las formas de la política que ese mismo proyecto prometió erradicar: control, cerrazón, confrontación interna. Las viejas formas.
El dato jurídico tampoco es menor: el IEEM aplicó la reversión de la carga de la prueba. Es decir, no será la regidora quien tenga que demostrar la violencia, sino los denunciados quienes deberán demostrar que no la ejercieron.