Denuncian millonario sobreprecio en la renta de vehículos, en el gobierno de Izcalli
* Cuestiona el activista social Felipe Díaz, el manejo de los recursos públicos
Una denuncia pública por presunto sobreprecio millonario en la renta de vehículos del gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli encendió el debate sobre el manejo de recursos públicos en la actual administración encabezada por Daniel Serrano Palacios.
El señalamiento fue realizado por el activista social y morenista Felipe Díaz, quien difundió en redes sociales fragmentos de un contrato de arrendamiento vehicular que, aseguró, fue entregado por el propio Ayuntamiento en formato ilegible y sin revelar el nombre del proveedor, lo que, advirtió, podría contravenir las disposiciones de transparencia y rendición de cuentas en materia de contrataciones públicas.
De acuerdo con la información difundida por el activista y por la página Fuerza Regeneración, uno de los puntos del contrato —correspondiente a la fila 33 del documento— muestra que el municipio pagaría 25 mil 880 pesos mensuales por la renta de un vehículo tipo sedán Chevrolet Beat.
Con base en esa cifra, el costo total por unidad durante el periodo completo del contrato, estimado en 33 meses, alcanzaría 854 mil 070 pesos.
Cinco autos por el precio de la renta de uno
Felipe Díaz sostuvo que, de acuerdo con los precios promedio del mercado, un vehículo Chevrolet Beat seminuevo podría adquirirse aproximadamente en 170 mil pesos, lo que implicaría que el monto que el municipio pagaría por la renta de un solo automóvil sería equivalente a la compra de hasta cinco unidades similares.
“Por los 854 mil pesos que se pagarían por rentar un solo coche, el municipio pudo haber comprado cinco vehículos de contado”, señaló el activista al difundir los datos.
El cálculo presentado se limita únicamente a una parte del contrato. Según la información difundida y corroborada por Punto Medio, en la fila 33 del documento se contemplan 27 vehículos, lo que implicaría un gasto aproximado de 19 millones 811 mil 842 pesos por ese bloque de unidades durante el periodo del arrendamiento.
La información no es muy legible y pudiera haber algunas imprecisiones en el costo de la renta, sin embargo, con los datos que se pueden ver con claridad, por cada vehículo se estarían pagando 733 mil pesos de renta por 33 meses.
Contrato ilegible y sin proveedor
Uno de los aspectos que más cuestionamientos ha generado es que, según denunció Felipe Díaz, el contrato fue entregado por el gobierno municipal con información parcialmente visible y sin identificar al proveedor del servicio, lo que dificulta conocer con precisión las condiciones de la contratación.
De acuerdo con el activista, esta situación se produjo luego de varios meses en los que se solicitó formalmente el documento.
“Se ve borroso porque así entregó el contrato el gobierno municipal”, señaló en sus publicaciones, al advertir que los datos analizados corresponden únicamente a una sección del documento.
El activista también señaló que, de confirmarse el esquema de costos señalado, al término del contrato —previsto para el año 2027— el municipio no conservaría los vehículos, ya que estos regresarían a la empresa arrendadora.
Posibles denuncias
El activista informó que se impulsará la integración de auditorías ciudadanas y que podrían presentarse denuncias formales para que las autoridades competentes revisen el proceso de contratación.
Las publicaciones difundidas en redes sociales también convocan a ciudadanos a sumarse a estos ejercicios de vigilancia sobre el uso de recursos públicos.
Hasta el momento, el gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli no ha emitido una postura pública específica respecto a los señalamientos relacionados con el presunto sobreprecio en el arrendamiento de vehículos.
Otro frente legal contra el gobierno municipal
En paralelo, Felipe Díaz informó que recientemente obtuvo una sentencia favorable en un juicio de amparo relacionado con un laudo condominal, en el que se cuestionó una resolución emitida por la síndica municipal Mary Barboza.
De acuerdo con lo difundido por el activista, una jueza federal ordenó revisar el caso luego de que se determinara que la resolución original podría contravenir la legislación en materia condominal y afectar derechos de una persona adulta mayor.
Según la información difundida, la autoridad judicial habría ordenado a la sindicatura emitir una nueva resolución en cumplimiento de la sentencia federal.
“Daniel Serrano y la síndico municipal podrían ser multados e inhabilitados en los próximos días de su cargo, por desacato de una sentencia de una jueza federal, y también consignados ante un juez penal”, señaló Felipe Díaz al advertir que se viene “la revocación de mandato”.