“Cocinan” una “ley mordaza” para los ediles de C. Izcalli
* Cambios al Reglamento de Cabildos acotaría su participación; la reforma parecería tener dedicatoria ante críticas al alcalde
Las reformas al Reglamento de Cabildos y de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli serán discutidas este viernes en sesión del órgano colegiado, en medio de un ambiente de tensión política interna, advertencias jurídicas y señalamientos de que los cambios podrían estar dirigidos a acotar a ediles críticos del gobierno municipal.
Las propuestas, impulsadas desde la presidencia municipal que encabeza Daniel Serrano Palacios, fueron presentadas la semana pasada y turnadas a comisiones para su análisis. Ocho días después, el dictamen será llevado al pleno, lo que ha encendido alertas entre algunos regidores y síndicos que consideran que los cambios podrían limitar el uso de la voz y la deliberación durante las sesiones.
Al interior del Cabildo, algunas voces han calificado la iniciativa como una posible “ley mordaza”, mientras que otros han señalado, en sentido figurado, que se buscaría colocar un “bozal” a quienes cuestionan decisiones del gobierno municipal.
¿DEDICATORIA PARA EDILES?
De manera extraoficial, integrantes del Ayuntamiento han comenzado a expresar que las reformas podrían tener una “dedicatoria” política para quienes han mantenido posturas críticas frente a la administración municipal, particularmente la regidora de Morena, Valentina Loa Rivera y Ely Quintana, del PAN, quienes en diversas sesiones ha cuestionado decisiones del Ejecutivo local.
Según estas versiones, las nuevas reglas sobre el uso de la palabra y la conducción del debate podrían utilizarse para acotar intervenciones incómodas durante el pleno, lo que explicaría la urgencia con la que el dictamen fue procesado y turnado nuevamente al Cabildo.
ANÁLISIS JURÍDICO
A esta redacción llegó un análisis legal sobre las reformas que advierte que varias derogaciones y modificaciones sí podrían contravenir la jerarquía normativa y, dependiendo de su aplicación, vulnerar la libertad de expresión de los integrantes del Ayuntamiento.
El documento recuerda que todo reglamento municipal se encuentra subordinado a la Constitución federal, la Constitución del Estado de México y la Ley Orgánica Municipal, por lo que no puede restringir derechos fundamentales ni limitar atribuciones reconocidas en la ley.
En particular, se señala que el dictamen turnado a comisiones introduce disposiciones que condicionan la participación en asuntos generales, sujetan intervenciones a criterios discrecionales de la presidencia municipal y amplían facultades para mantener el “orden” durante las sesiones, lo que podría operar, según el análisis, como una forma de censura indirecta.
El estudio enfatiza que la expresión de regidoras y regidores en Cabildo constituye discurso político e institucional con protección constitucional reforzada, por lo que cualquier limitación al debate debe ser estricta, excepcional y proporcional.
Las reformas, advierte, permitirían interrumpir o restringir intervenciones sin criterios objetivos claros, dejando a la Presidencia un amplio margen para decidir qué participaciones son pertinentes, lo que podría configurar restricciones desproporcionadas u obstaculización en el ejercicio del cargo.
Con estos señalamientos sobre la mesa, la sesión de Cabildo de este viernes se perfila como un momento decisivo para el rumbo del reglamento interno y para el clima político en el Ayuntamiento izcallense.