La ley que el poder olvida; Daniel Serrano está en crisis
Hay algo profundamente preocupante cuando una autoridad municipal desconoce la ley… peor aún, cuando la ley que infringe fue aprobada por ella misma. Ese es el caso del presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano Palacios, quien parece haber olvidado el Artículo 42 del Bando Municipal, una norma concebida para proteger la libertad de expresión, la labor periodística y la defensa de los derechos humanos en el municipio que hoy gobierna.
Dicho artículo es claro y contundente: obliga a las dependencias y organismos municipales a coadyuvar en la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos; prohíbe expresamente la intimidación, el hostigamiento o la agresión contra quienes ejercen su labor informativa; y ordena, además, la adopción de un discurso público que prevenga la violencia hacia quienes ejercen la libertad de expresión.
Sin embargo, las acciones recientes del alcalde revelan lo contrario: un clima de hostilidad, violencia y agresión hacia la prensa crítica y hacia quienes disienten de su gestión.
De hecho, la escalada de agresiones que va en aumento no es un riesgo hipotético: esta semana fuimos víctimas de una especie de acoso agresión y provocación por parte de simpatizantes del propio alcalde, quienes intentaron increparnos y, al mismo tiempo, grabarnos con el evidente objetivo de intimidación y hostigamiento. Situaciones como esta, de no atenderse con responsabilidad y prontitud, pueden escalar a niveles realmente preocupantes.
No se trata de un simple desliz político o de una diferencia de opinión. Se trata de una conducta que transgrede el marco normativo y que contradice el espíritu de la propia administración pública. Cuando una autoridad actúa al margen de las leyes que ella misma promulgó, no sólo incurre en omisión, sino en una forma más grave de abuso: el uso del poder para deslegitimar las normas cuando estas le resultan incómodas.
Por eso, la carta abierta dirigida esta semana al secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, cobra un sentido urgente. No se piden privilegios ni trato preferencial; se exige únicamente lo que la ley mandata: respeto, protección y garantías para el ejercicio periodístico en Izcalli. La autoridad municipal no puede seguir amparándose en el discurso de la transformación mientras reproduce prácticas de censura, linchamiento o persecución.
El Estado de Derecho no se mide por los discursos que se pronuncian desde el poder, sino por la congruencia entre lo que se aprueba y lo que se respeta. Cuando el alcalde ignora su propio Bando, envía un mensaje devastador: que las leyes en Izcalli son un instrumento político.
Si una autoridad no respeta ni la ley que ella misma aprobó, deja de ser un representante del orden público para convertirse en un agente del desorden institucional. Y en ese punto, la ciudadanía, y particularmente la prensa, tiene no sólo el derecho, sino la obligación ética, de señalarlo.
Entendemos que el alcalde Daniel Serrano está en crisis; su gobierno no ha sido lo exitoso que esperaba, pero eso, no es culpa de la prensa que sí ve lo que está pasando en Izcalli, sino que es responsabilidad de él y de sus acciones. No por nada, encabeza el gobierno peor evaluado del país, según el INEGI.