Presentan otra denuncia penal por Discriminación, en gobierno de Daniel Serrano
* Un juez denuncia a su superior en el Juzgado Cívico y Centro de Mediación y Conciliación
El gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli enfrenta una nueva acusación por presunta Discriminación. Un juez adscrito al Juzgado Cívico y Centro Público de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del municipio ha presentado una denuncia penal formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en contra de la titular de dicha instancia, identificada como Juana Ignacia N.
La querella señala a la funcionaria por hostigamiento, malos tratos y discriminación, presuntamente con motivaciones políticas.
Según la denuncia, el servidor público asegura haber sido víctima de un trato hostil y sistemático debido a que no milita en el partido Morena, la fuerza política a la que pertenece el actual presidente municipal, Daniel Serrano, y su equipo de gobierno.
Cabe recordar que varios de los jueces de este Juzgado Cívico municipal fueron designados por el Cabildo el año pasado. La administración entrante, encabezada por Daniel Serrano, no estuvo completamente de acuerdo con esta determinación. Incluso, quien es la actual procuradora del DIF, Jessica Estrella, el año pasado presentó una denuncia para impugnar esa decisión, aunque dicha querella no prosperó.
Dado que los jueces fueron elegidos por un periodo de cuatro años y no pueden ser despedidos de manera arbitraria, la situación actual sugiere que se estaría recurriendo a una estrategia de hostigamiento y presión, presuntamente para forzar sus renuncias.
Este caso se suma a un escándalo reciente que involucra al gobierno de Daniel Serrano Palacios. La titular del Instituto Municipal para la Igualdad, Emancipación y Fortalecimiento de las Mujeres de Cuautitlán Izcalli (IMGUALDAD) también fue denunciada penalmente por Discriminación.
La recurrencia de estas acusaciones comienza a perfilar lo que podría ser una práctica sistemática de intolerancia y persecución interna contra servidores públicos que no forman parte del grupo político en el poder.
Estos señalamientos por discriminación política y violencia institucional contrastan con los principios de justicia y equidad que deberían regir la vida pública en Cuautitlán Izcalli, especialmente en un gobierno que públicamente se ostenta como cercano al pueblo y defensor de las causas sociales.