Durante la sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el pasado domingo, la regidora de Morena Valentina Loa, denunció irregularidades, falta de transparencia y posibles actos fuera de la ley por parte del gobierno municipal encabezado por Daniel Serrano Palacios, esto, en cuanto a la designación de la nueva titular de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Cuautitlán Izcalli.
Valentina Loa acusó al alcalde de actuar fuera de la ley durante más de 100 días, al mantener la Comisaría sin titular formal, una de las áreas más sensibles del gobierno municipal. La regidora calificó esta omisión como una traición a los principios de la Cuarta Transformación, y advirtió que la falta de voluntad política para garantizar la seguridad pública no puede justificarse con un nombramiento tardío:
“No fue falta de tiempo, fue falta de voluntad. Y cuando se gobierna sin voluntad, se gobierna fuera de la ley. La legalidad no se aparenta ni se publicita, no se presume en discursos ni se maquilla en boletines; la legalidad se demuestra con hechos. Y los hechos son contundentes: más de 100 días sin comisario fueron 100 días de omisión, negligencia y simulación”, señaló.
La regidora de Morena reiteró que su posición es institucional y profesional, insistiendo en la obligación de que las decisiones de seguridad se tomen con base en la legalidad, la transparencia y la coordinación con autoridades estatales. Y es que, argumentó, que la propuesta de terna no cumplía con lo que mandata la ley, incluso, entregó constancias expedidas por la SEP sobre los estudios que tenían las tres personas propuestas.
Valentina Loa discrepó de las voces que dicen que los índices delictivos van a la baja en Cuautitlán Izcalli, y fue más allá, dijo que éstos no pueden ser minimizados ni maquillados.
La joven regidora de Morena dejó claro que no tenía nada en contra de ninguna de las personas propuestas, incluso, dijo que no tenía el gusto de conocerlas, sin embargo, fijó su postura y adelantó que no votaría a favor, ya que se podría incurrir en alguna responsabilidad administrativa o incluso penal por avalar algo que está fuera de la ley.