Cuando la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Cuautitlán Izcalli quedó vacante tras la renuncia de Hermenegildo Héctor López Hernández el 16 de junio de 2025, el Cabildo municipal se limitó a esperar la propuesta del presidente municipal, Daniel Serrano Palacios.
Ocho semanas después, la espera se ha convertido en un posible y preocupante incumplimiento de la ley, una provisionalidad que sobrepasa ya los 60 días permitidos y que expone a la administración local a cuestionamientos legales, administrativos, políticos y hasta podrían ser penales.
Desde entonces, la corporación ha estado dirigida por encargados de despacho: primero Luis Ernesto Velázquez Carpizo y ahora Alejandra Penélope Becerra Flores. Cambiar de nombre no soluciona el problema de fondo: la figura de encargado temporal tiene un límite legal de 60 días, y “prolongarla artificialmente” puede configurar una vulneración de la normativa, según advierten especialistas.
Todo indica que la propuesta que el presidente municipal tiene para asumir la Comisaría, en este momento, no cumple con los requisitos legales necesarios. Esta situación explicaría la prolongación del nombramiento: se busca dar tiempo al candidato para completar exámenes, acreditaciones y demás requisitos que la ley exige para ocupar el cargo.
Sin embargo, el retraso sigue generando incertidumbre y abre el debate sobre la provisionalidad prolongada y sus posibles riesgos legales.
La legislación es inequívoca. La Ley Orgánica Municipal y la Constitución del Estado de México establecen que el nombramiento de titulares de dependencias es una facultad indelegable del Cabildo, pero sólo una vez que el presidente municipal envía la propuesta correspondiente. Mantener la provisionalidad más allá del plazo establecido contradice el principio de legalidad y transforma lo que debería ser un procedimiento rutinario en un riesgo para la gobernabilidad y la confianza ciudadana.
Desde la perspectiva administrativa, esta omisión podría activar la intervención del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y de la Contraloría interna. Jurídicamente, los actos firmados por encargados fuera del plazo podrían ser impugnados y declarados nulos.
Y en el plano penal, la prolongación irregular podría derivar en responsabilidades por abuso de autoridad o ejercicio indebido del servicio público. No se trata de tecnicismos: se trata de respetar la ley en un tema crucial para la seguridad de la población.
Políticamente, también habría consecuencias. La ciudadanía observa cómo un tema tan sensible como la seguridad pública se maneja con lentitud e improvisación.
Renovar encargados de despacho mientras se supera el plazo legal envía un mensaje claro: los procesos normativos pueden ser ignorados sin consecuencias inmediatas, y la seguridad de los ciudadanos queda subordinada a decisiones que parecen más de conveniencia que de obligación.
Y la pregunta a todo esto es, en dónde están los síndicos y regidores, que ante esta omisión, se están convirtiendo en cómplices de la ilegalidad. A excepción de la regidora Valentina Loa quien en la sesión de esta semana tocó el tema, ningún otro ha dicho nada, cosa que también les podría traer consecuencias.