Hay semanas en las que la realidad golpea dos veces, o tres. Primero llegaron los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para cerrar el ejercicio 2025; el resultado, la incidencia delictiva total en Cuautitlán Izcalli no bajó, sino que aumentó más de cuatro por ciento.
Después, apareció la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, y el panorama se oscureció todavía más: subió la percepción de inseguridad entre los ciudadanos y, otra vez, Cuautitlán Izcalli quedó en el último lugar nacional entre las 91 ciudades evaluadas en cuanto a efectividad gubernamental para atender los principales problemas y servicios.
Dos mediciones distintas. Dos fuentes oficiales. Un mismo mensaje: algo no está funcionando.
Y sin embargo, desde el gobierno municipal que encabeza Daniel Serrano Palacios se insiste en sostener una “narrativa optimista” que para muchos tienen intenciones de engaño; basada en reducciones parciales de algunos delitos, mientras se ignora el comportamiento completo del fenómeno.
Los números, por desgracia, no acompañan el discurso. Desde estas páginas lo hemos documentado: el alcalde presume ahora una baja del 14 por ciento en ciertos delitos de alto impacto. Pero el problema, es que esa cifra descansa en una selección limitada de rubros.
Cuando se observa el conjunto completo de la incidencia delictiva, el balance cambia: más delitos subieron de los que bajaron y el total general cerró al alza.
No es una discusión semántica. Es una diferencia entre mirar una parte… o mirar todo. Y gobernar exige lo segundo.
Y miren como estarán las cosas, que la incomodidad ya no viene únicamente de la oposición, si es que la hay. En el Cabildo del viernes pasado, la regidora de Morena Valentina Loa, del mismo partido del presidente municipal, puso el dedo en la llaga: reconoció que los datos dicen otra cosa y llamó a que el órgano edilicio asuma un papel más firme, menos decorativo, frente a una conducción que ha sido percibida como unilateral, y por los números, fallida.
El mensaje fue político, pero también institucional: un gobierno colegiado no puede ignorar cifras que incomodan.
Cuando los propios aliados empiezan a levantar la voz, algo se está moviendo debajo de la alfombra.
En el terreno social, la distancia entre narrativa y realidad se vuelve todavía más dolorosa.
La madre de Jeshua Cisneros Lechuga, desaparecido desde el 13 de noviembre, cuestionó abiertamente las afirmaciones oficiales de que la inseguridad va a la baja. Su historia, una entre muchas, retrata a una sociedad cansada de escuchar balances triunfalistas mientras en la calle la incertidumbre, el miedo y el enojo se mantiene.
Ahí no hay porcentajes; hay ausencia; hay angustia; hay familias esperando. Y eso pesa más que cualquier boletín.
Gobernar no es administrar percepciones. El problema de fondo no es político; es ético y práctico.
Cuando un gobierno se esfuerza más en sostener una narrativa que en explicar con honestidad sus resultados, el riesgo es claro: pierde la confianza pública.
A estas alturas del gobierno, no son pocos los que piensan que, a Daniel Serrano, le está quedando grande el cargo.