Insinúa alcalde corrupción entre la empresa Alpura y el gobierno de Cuautitlán Izcalli
* Daniel Serrano deberá denunciar o podría incurrir en “encubrimiento”
En lo que representa uno de los pronunciamientos más delicados realizados desde el inicio de su gestión, el alcalde de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano, insinuó públicamente la posible existencia de actos de corrupción en administraciones anteriores relacionados con inspecciones y cobros por servicios de agua y sus descargas en empresas privadas, específicamente con Alpura.
Durante su conferencia de prensa establecida como el principal órgano informativo de su gobierno, el edil informó que revisiones recientes a Alpura generarán ingresos por aproximadamente 122 millones de pesos: 22 millones destinados a Medio Ambiente y 100 millones al organismo de agua municipal; estos últimos a entregarse de manera diferida durante lo que resta de su administración.
Sin embargo, el anuncio presupuestal quedó marcado por la gravedad de sus propias declaraciones.
“Esto debió ocurrir hace mucho tiempo, pero se hacían de la vista gorda. Esa es la verdad”, afirmó.
“No es que nada más uno se dé cuenta. También se daban cuenta, sólo que acudían a ponerse de acuerdo de otra manera”, acusó.
Las expresiones, vertidas desde un espacio oficial y no en un contexto informal, sugieren la posible existencia de omisiones graves deliberadas o arreglos indebidos entre autoridades municipales y la empresa privada.
Al reconocer públicamente que anteriores autoridades “se ponían de acuerdo de otra manera”, el alcalde deja entrever la posible comisión de faltas administrativas graves con daño a la Hacienda o hechos que podrían constituir actos de corrupción.
En términos legales, cuando un servidor público tiene conocimiento de posibles irregularidades en el ejercicio del cargo, está obligado a denunciarlas ante las instancias competentes.
De no hacerlo, podría configurarse responsabilidad por omisión e incluso encubrimiento, particularmente si existieran elementos documentales que respalden los dichos expresados en la conferencia.
El presidente municipal no informó sobre la presentación de denuncias formales ante el Órgano Interno de Control, la Fiscalía Anticorrupción o la apertura de investigaciones administrativas derivadas de los señalamientos que él mismo realizó.
La ausencia de anuncios concretos sobre acciones legales coloca el debate en un punto sensible: cuando un funcionario público afirma tener conocimiento de posibles irregularidades y no promueve su investigación formal, la discusión deja de ser política y entra en el ámbito de la responsabilidad administrativa.
Pese a la severidad de sus declaraciones sobre el pasado, el edil presumió mantener una “excelente relación” con la CEO de la empresa, y la “elogió” por su disposición para regularizar la situación.
También reveló haber recibido llamadas, incluso de militantes de su propio partido, para intervenir y “ayudarles” en el caso, aunque no precisó nombres.
Por ahora, los señalamientos del alcalde permanecen en el terreno discursivo. La decisión de llevarlos o no al ámbito legal marcará la diferencia entre una denuncia institucional seria o un posicionamiento meramente político o “politiquero”.