* IEEM reabrió proceso por presunta violencia política de género; investigan uso del aparato municipal
* Tribunal acreditó obstrucción contra regidora; ordena restituir funciones y revoca actos ilegales del Ayuntamiento
El discurso de un gobierno municipal que se ha asumido como “feminista” enfrenta hoy uno de sus momentos más críticos y cuestionados, luego de que el Tribunal Electoral del Estado de México, acreditara obstrucción al ejercicio del cargo en contra de la regidora de Morena Valentina Loa Rivera, en una resolución que se suma a un procedimiento en curso por presunta violencia política en razón de género.
Durante la Sesión Pública No. 7, el Tribunal resolvió por mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra diversos temas relacionados con el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, en los que determinó que autoridades municipales incurrieron en acciones que limitaron el desempeño de la joven regidora.
Entre los elementos acreditados se encuentra la omisión de respuesta a múltiples oficios, la intervención en la estructura administrativa de la regiduría y la imposición de medidas sin sustento legal, como la restricción de acceso al Cabildo a su personal de apoyo, lo que fue considerado como una forma de obstaculización al ejercicio del cargo.
La resolución ordena restituir las condiciones para el desempeño de la regidora, incluyendo su espacio administrativo y presupuestal, además de obligar a las autoridades responsables a responder los requerimientos de información que habían sido ignorados.
Asimismo, el Tribunal revocó decisiones específicas del Ayuntamiento, entre ellas la medida que impedía el acceso a personas sin credencial de trabajador a las sesiones de Cabildo, al considerar que carecía de fundamento legal y constituía una restricción arbitraria.
En el mismo paquete de resoluciones, el órgano jurisdiccional también anuló un acto emitido por la Secretaría del Ayuntamiento, encabezada por Perla Ivonne Blanco Calderón, al determinar que se extralimitó en sus atribuciones al exigir requisitos no previstos en la normatividad vigente.
De igual forma, el fallo impacta directamente en el área administrativa a cargo de Armando Cervantes Punzo, al acreditarse la asignación indebida de personal dentro de la estructura de la regiduría, lo que implicó una afectación directa a su funcionamiento.
PROCESO EN EL IEEM POR VIOLENCIA POLÍTICA
El fallo del Tribunal se da en un contexto particularmente sensible, ya que apenas días antes el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) reabrió un procedimiento sancionador en contra del presidente municipal Daniel Serrano Palacios y diversas áreas de su administración, por presunta violencia política en razón de género en agravio de la misma regidora.
El expediente, identificado como PES-VPG/CUA/IZ/VLR/LDSP-OTROS/35/2025/11, tuvo su primera audiencia el pasado 18 de marzo, marcando el inicio de la etapa de desahogo de pruebas en un caso que había sido previamente desechado y posteriormente reactivado por orden de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al advertir la existencia de elementos no valorados en su momento.
En conformidad con el acuerdo de admisión, se investigan posibles conductas que podrían constituir violencia política contra las mujeres en razón de género en sus vertientes digital, institucional y simbólica, incluyendo la presunta difusión de mensajes para desacreditar a la regidora, limitaciones a su participación en sesiones de Cabildo y posibles actos de hostigamiento en espacios públicos.
Los señalamientos alcanzan a distintas áreas del Ayuntamiento, como Comunicación Social, la Secretaría del Ayuntamiento y Seguridad Pública, así como a funcionarios de primer nivel que, de acreditarse los hechos, habrían intervenido u omitido actuar.
Como parte del procedimiento, el IEEM determinó aplicar la figura de reversión de la carga de la prueba, por lo que las personas denunciadas deberán aportar elementos para desvirtuar las conductas que se les atribuyen.
Ambos procesos —uno ya resuelto y otro en etapa de investigación— colocan bajo una misma línea de análisis el funcionamiento interno del gobierno municipal encabezado por Daniel Serrano Palacios, particularmente en lo que respecta al trato institucional hacia una mujer en funciones públicas.
El contraste resulta inevitable. Mientras el discurso oficial ha reivindicado los principios de la Cuarta Transformación y una agenda de gobierno con enfoque de género, las resoluciones y procedimientos en curso abren cuestionamientos sobre la congruencia entre esa narrativa y las prácticas documentadas por las autoridades electorales.
En este contexto, la resolución del Tribunal no sólo corrige actos administrativos, sino que establece de manera formal que existieron conductas que vulneraron el ejercicio del cargo de la regidora, lo que eleva el nivel del debate más allá de una diferencia política interna.
Aunque se prevé que el gobierno municipal impugne la resolución ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la sentencia se mantiene vigente y obliga a su cumplimiento.
Por su parte, el procedimiento en el IEEM continuará su curso en etapa de pruebas, y será eventualmente el propio Tribunal Electoral el que determine si existen elementos suficientes para acreditar la violencia política en razón de género en contra de Valentina Loa.
Más allá de los tiempos legales, el caso ya dejó de ser únicamente un litigio. Hoy se instala como un tema de fondo: la distancia entre el discurso político y el ejercicio real del poder dentro del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli.