* Esconden contratos millonarios; ¿y la promesa de transparencia?
En política, la palabra empeñada no es un lujo: es un contrato moral con la ciudadanía. Cuando un político la rompe, pierde no sólo la confianza de la gente, sino la legitimidad misma para gobernar. Eso es precisamente lo que está ocurriendo en Cuautitlán Izcalli con el gobierno de Daniel Serrano, quien, a seis meses de haber asumido la alcaldía, ya ha dejado en claro que su compromiso con la transparencia no era más que “narrativa” electoral.
Los hechos hablan por sí solos. Ante la nula publicación de los contratos y procesos de licitaciones, que por ley están obligados a hacer públicos, se han hecho solicitudes de información pero las respuestas no son las que se esperaban de un gobierno que dijo que iba a ser transparente.
Contratos millonarios escondidos, documentos ilegibles, evasivas sistemáticas y una cadena de respuestas oficiales que parecen más un manual de cómo no rendir cuentas que una práctica de gobierno abierto. La opacidad, esa vieja costumbre de los peores gobiernos, ha vuelto a instalarse en el corazón de la administración pública. Y lo ha hecho bajo el mando de un político que prometió lo contrario.
No es exagerado hablar de simulación. La negativa a proporcionar información básica sobre el gasto público, como los contratos de los eventos del Día de Reyes, el Festival del Arte, Queso y Vino, o el Día de las Madres, no puede atribuirse a errores administrativos ni a tecnicismos burocráticos. La entrega de un contrato ilegible o el argumento de que la información “se encuentra en integración” para otro informe oficial son excusas tan burdas como ofensivas. Más aún cuando se trata de recursos que ya fueron ejercidos y que deben estar disponibles para su consulta inmediata.
El caso de los más de 8 millones de pesos gastados en “Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales” entre enero y marzo de este año, sin que hasta el momento se conozcan los contratos, los beneficiarios o los servicios prestados, debería bastar para encender todas las alarmas ciudadanas. Ni la Dirección de Administración ni la Tesorería Municipal han querido hacerse responsables de entregar la información. ¿Cómo puede un gobierno que no sabe (o no quiere decir) quién contrató, quién pagó y qué se adquirió, exigirle a sus ciudadanos que confíen en él?
Lo más grave no es sólo el ocultamiento. Es el patrón. Todas las solicitudes de información pública, (un derecho constitucional, no una concesión graciosa) se responden tarde, incompletas, con prórrogas o con argumentos de incompetencia de área. Es un modus operandi, una estrategia clara de opacidad institucionalizada.
Y aquí es donde la preocupación se vuelve más profunda. Porque la opacidad casi siempre camina de la mano de la corrupción. El ocultamiento de información no es un simple problema administrativo: es, muchas veces, la antesala de desvíos, favoritismos, simulaciones o fraudes. Un gobierno que miente, esconde. Y uno que esconde, traiciona.
Daniel Serrano Palacios no sólo incumple una promesa de campaña. Incumple su deber ético y legal como servidor público. Y traiciona no sólo a quienes votaron por él, sino a todos los izcallenses que tienen derecho a saber cómo y en qué se está gastando su dinero.
Cuautitlán Izcalli no necesita más discursos, necesita resultados. Y sobre todo, necesita verdad.