Durante el Cabildo Abierto celebrado en La Aurora, en Cuautitlán Izcalli, lamentablemente se registraron actos de hostigamiento y agresión pública contra el semanario Punto Medio, protagonizados por funcionarias municipales, empleados del Ayuntamiento y simpatizantes del alcalde Daniel Serrano Palacios, lo que ha encendido las alertas sobre el creciente clima de intolerancia hacia la prensa crítica en el municipio.
Mientras el presidente municipal atendía a manifestantes, se pudo documentar que un grupo de personas plenamente identificadas, entre ellas familiares de trabajadores y empleados del gobierno local, lanzó la consigna “¡Fuera Punto Medio!” frente a los representantes del medio. En el lugar se encontraban también la comisario de Seguridad Pública Penélope Becerra y algunos elementos policiacos, quienes presenciaron las agresiones sin intervenir.
Las grabaciones realizadas durante el evento muestran además que los mismos simpatizantes gritaron consignas contra la regidora Valentina Loa y el líder social Alfredo Mendoza, evidenciando un patrón de hostilidad organizada contra quienes disienten o cuestionan la gestión municipal.
Uno de los incidentes más preocupantes ocurrió cuando una simpatizante del alcalde, plenamente identificada, se acercó al periodista de Punto Medio bajo el pretexto de querer una entrevista, pero en realidad, su intención era reclamar la línea editorial del periódico. Durante el intercambio, dos personas grababan la escena, y se confirmó que por lo menos una de ellas es trabajadora del Gobierno, lo cual podría constituir uso indebido de personal y recursos públicos con fines de intimidación.
A ello se suma otra acción documentada en video, donde la directora de Bienestar Municipal intenta cubrir o tapar la cámara de la representante de Punto Medio, en un intento por obstaculizar la cobertura informativa de las protestas ciudadanas. Este hecho, cometido por una servidora pública en funciones, podría configurar una violación directa al derecho constitucional a la libertad de expresión y al libre ejercicio periodístico.
El conjunto de estos hechos plantea implicaciones éticas y jurídicas. La Ley General de Responsabilidades Administrativas obliga a los servidores públicos a conducirse con legalidad, imparcialidad y respeto a los derechos de terceros. Los actos de acoso, censura o intimidación hacia representantes de medios de comunicación contravienen directamente los principios de integridad y neutralidad del servicio público, y pueden derivar en responsabilidades administrativas o incluso penales por abuso de autoridad, coacción o uso indebido de recursos gubernamentales.
Desde la perspectiva ética, la participación de funcionarias en actos de hostigamiento público erosiona la confianza ciudadana en las instituciones locales y atenta contra el principio democrático de rendición de cuentas. En un gobierno que se dice de puertas abiertas, resulta inadmisible que se intente silenciar o intimidar a la prensa que cumple con su deber de informar.
Ante la escalada de este tipo de conductas, el semanario Punto Medio remitió una carta abierta al secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, para ponerlo al tanto de las irregularidades, los actos de acoso y la creciente intolerancia institucional que enfrentan sus representantes en Cuautitlán Izcalli. El documento advierte que estos hechos no sólo ponen en riesgo el ejercicio periodístico, sino también la seguridad y la integridad de los comunicadores y líderes sociales que ejercen su derecho a la crítica.
Punto Medio reitera su compromiso con el periodismo responsable, libre y ético, y hace un llamado a las autoridades competentes para que investiguen con seriedad la participación de servidores públicos en estos actos, deslinden responsabilidades y garanticen el respeto irrestricto a la libertad de expresión.