* Rivera Molina sostiene que se violó la ley, en la instalación del gobierno; todos sus actos son nulos, advierte
Desde el primer minuto de la actual administración municipal de Cuautitlán Izcalli, el gobierno encabezado por el morenista Luis Daniel Serrano Palacios y su Cabildo completo operan al margen de la ley, sostiene el izcallense y hoy exmorenista Juan Miguel Rivera Molina, quien ha emprendido una férrea batalla jurídica que, asegura, llevará hasta las últimas consecuencias con el objetivo de evidenciar las irregularidades y exigir la destitución del Ayuntamiento en pleno.
La ruta legal se sustenta desde lo que pasó el 1 de enero de 2025, fecha en que debía celebrarse la sesión solemne de instalación del Cabildo a las 9 de la mañana. De acuerdo con Rivera Molina, este acto fundacional no se realizó conforme a lo que establece la normatividad. Esa omisión, sostiene, invalida el ejercicio de la actual administración desde su arranque y constituye la base jurídica de su demanda.
“Sí, fueron electos, nadie lo discute, pero no cumplieron con lo que la ley marca para poder asumir el cargo. Y eso no es un tema menor, porque si el inicio es ilegal, todo lo que viene después también lo es”, explicó en entrevista para el semanario Punto Medio, realizada en un conocido restaurante del centro de la ciudad.
Amparos saboteados y obstáculos judiciales
Rivera Molina no desconoce la dificultad del litigio que ha emprendido. A lo largo de estos meses, ha presentado un primer juicio de amparo número 741/2025, que en sus palabras, ha sido saboteado por el propio Juez Tercero de Distrito con sede en Naucalpan, quien ya sabe que efectivamente se cometieron las irregularidades denunciadas y se ha tardado en resolver, lo que refleja la resistencia institucional para promover y garantizar la cultura de protección a los derechos humanos, que en este caso, podría sentar un precedente inédito en la política local.
“Esto no ha sido fácil. Me he enfrentado a jueces que, por presión o por comodidad, no cumplen con su obligación de respetar el derecho humano de acceso a la justicia pronta e imparcial. Pero eso no me va a detener. Voy a seguir insistiendo hasta que se haga justicia y se atienda el fondo del asunto”, señaló Rivera Molina.
Uno de los antecedentes más relevantes es que el presidente municipal ya fue requerido por ese Juez Tercero de Distrito, mediante su orden del 15 de mayo, para que presentara en ese juicio de amparo la Gaceta Municipal del mes de enero de este año 2025, con el acta de instalación legal del Cabildo; documento indispensable para poder dar inicio formal a la administración municipal.
Sin embargo, hasta la fecha, no lo ha entregado porque simplemente no existe; nunca se publicó en la Gaceta Municipal, por eso ninguna autoridad del país la conoce. Esa violación a la ley, advierte Rivera Molina, es la prueba más clara de que Izcalli está siendo gobernado al margen de la ley.
Un precedente que podría cimbrar a Izcalli
El juicio de amparo que impulsa Rivera Molina busca sentar un precedente inédito: que un Ayuntamiento completo pueda ser invalidado por no cumplir con la normatividad que exige la instalación formal del Cabildo. En sus palabras, se trata de un punto medular porque no sólo se pone en entredicho la continuidad de Daniel Serrano Palacios, sino que podrían derivarse responsabilidades mayores en contra de quienes han acompañado al alcalde.
“Un gobierno que nace fuera de la ley, sólo puede generar más ilegalidades”, apuntó el también luchador social, quien asegura que su batalla jurídica no se basa en intereses partidistas de oposición, sino en el respeto al Estado de Derecho y en el combate a la corrupción que tanto prometió el movimiento lopezobradorista.
Militante crítico dentro del obradorismo
Lejos de perfilarse como un opositor externo, Juan Miguel Rivera Molina se define como un simpatizante histórico del obradorismo desde hace muchos años, aunque ya no de Morena, pues considera que se han traicionado los principios que le dieron origen. Sin embargo, sostiene que su compromiso es denunciar y combatir la corrupción, para que se corrijan las desviaciones que en su opinión han marcado a personajes oscuros como Daniel Serrano.
En sus redes sociales son frecuentes los mensajes en los que exige capacitación para servidores públicos y militantes de Morena, convencido de que la corrupción y la ignorancia son los dos grandes males que más daño hacen a las instituciones y a la vida pública. “El problema no es sólo que roben, sino que lleguen sin saber cómo gobernar. La ignorancia también es corrupción”, escribió recientemente en una de sus publicaciones.
Un litigio con visión social
El activista recalca que la diferencia entre la voluntad popular expresada en las urnas y la legalidad administrativa no es un asunto técnico, sino un tema de fondo que afecta directamente a los ciudadanos de Cuautitlán Izcalli.
“La gente puede votar y ganar su candidato, pero si ese gobierno no cumple con la ley para instalarse, entonces el pueblo está siendo gobernado sin un marco jurídico válido. Eso es gravísimo, porque invalida las decisiones, los acuerdos de Cabildo, los nombramientos y hasta el ejercicio del presupuesto”, dijo con firmeza.
Juan Miguel Rivera Molina asegura que esta lucha no es personal, sino una defensa del Estado de Derecho y de la democracia. Por ello, ha insistido en llevar el caso a instancias estatales y federales, convencido de que tarde o temprano los tribunales tendrán que pronunciarse sobre la validez o no del actual gobierno municipal.
“Izcalli no merece un gobierno improvisado”
Con un estilo crítico y frontal, Rivera Molina se ha convertido en una de las voces más incómodas para el círculo cercano de Daniel Serrano. Sin embargo, el también luchador social afirma que no se trata de protagonismo, sino de la necesidad de abrir los ojos de la ciudadanía ante lo que califica como un “gobierno improvisado e ilegal”.
“Izcalli no merece un gobierno improvisado ni un gobierno que actúe fuera de la ley. Si se permite eso, se abre la puerta a que cualquier grupo político pueda manipular las instituciones a su antojo”, advirtió.
Mientras tanto, la batalla jurídica continúa. Rivera Molina sostiene que no dará marcha atrás y que llegará hasta las últimas consecuencias, convencido de que un municipio no puede ser gobernado en la ilegalidad, sin importar su legitimidad en las urnas.
Cronología del conflicto legal en Cuautitlán Izcalli
1 de enero de 2025, 9:00 horas
Debía celebrarse la sesión solemne que daría inicio formal a la administración de Daniel Serrano Palacios. Según Rivera Molina, no se cumplieron los requisitos legales.
24 de febrero de 2025
Rivera Molina presentó una petición formal al presidente municipal, síndicos y regidores, solicitando la publicación de la Gaceta Municipal con el acta de instalación.
19 de mayo de 2025
Ante la falta de respuesta, el Juez Tercero de Distrito notificó al alcalde su orden del 15 de mayo para que en un plazo de 24 horas, agregara al expediente la Gaceta Municipal mediante la cual se difundió el acta de instalación, y demostrara haber dado respuesta a lo solicitado por Rivera Molina. Hasta la fecha, estos documentos no han sido agregados al expediente porque no existen.
27 de agosto 2025
Ante la certeza de que no existe la Gaceta Municipal porque no existe el acta de instalación del Cabildo validada por el secretario del Ayuntamiento, Rivera Molina inició un segundo juicio de amparo (1498/2025) ante el Juzgado XIV de Distrito en Naucalpan, en contra de Daniel Serrano, del Cabildo, e incluso, involucrando a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, pues a su decir, de no actuar estarían tolerando la corrupción en Izcalli.
Actualmente
Esta segunda demanda de amparo ha sido returnada al Juez Octavo de Distrito también de Naucalpan, quien la registró con el número 1636/2025, quien deberá decidir sobre la ilegalidad de la instalación del Cabildo y sobre la posible tolerancia de su corrupción por parte de la gobernadora y de la presidenta de la República.