Las tensiones que en los últimos días se han visto en el Cabildo de Cuautitlán Izcalli no pueden entenderse únicamente como diferencias políticas entre integrantes del cuerpo edilicio y el presidente municipal, Daniel Serrano Palacios.
Más allá de los pronunciamientos en tribuna, como la crítica de la regidora Valentina Loa, quien advirtió conductas autoritarias con rasgos fascistas en la conducción de las sesiones; o la valoración de la regidora Ely Quintana, que señala un ambiente de creciente desesperación en el Ejecutivo municipal, existe un elemento estructural que explica el desgaste político que hoy enfrenta la administración: los datos del INEGI sobre la efectividad del gobierno morenista.
Izcalli atraviesa uno de los momentos más complejos en términos de percepción ciudadana respecto al desempeño gubernamental. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), que desde 2019 mide trimestralmente la efectividad de los gobiernos municipales, ofrece un panorama claro de la evolución institucional de los últimos años en la ciudad. Y ese panorama revela una tendencia preocupante en el primer año de la actual administración.
Cuando el INEGI inició la medición en 2019, durante el gobierno de Ricardo Núñez Ayala, Izcalli se ubicó en niveles bajos, pero dentro de un rango que jamás descendió al último lugar nacional. Los datos lo confirman: 2019: 13.2% y 15.6%; 2020: 16.1%, 19.0%, 11.3%; 2021: 14.1%, 12.9%, 20.7%, 18.8%. Si bien este periodo mostró una administración con dificultades evidentes, la evaluación ciudadana nunca situó al municipio como el peor del país.
Posteriormente, con Karla Fiesco, la medición experimentó una recuperación significativa. Su gestión registró: 2022: 14.3%, 16.5%, 17.9%, 19.8%; 2023: 21.1%, 23.9%, 17.9%, 27.4%; 2024: 25.3%, 23.0%, 26.7% y 16.9% de calificación.
Si bien no se trata de niveles sobresalientes en comparación con municipios de mayor desempeño, sí representan una trayectoria ascendente que permitió estabilizar la percepción ciudadana y mejorar la posición de Izcalli en la evaluación nacional.
El punto de quiebre llega con la administración de Daniel Serrano, cuyo primer año presenta una caída abrupta en la efectividad del gobierno: 2025: 13.8%, 13.0%, 8.6% y 8.6%.
La caída a 8.6% en el tercer y cuarto trimestre, con dos mediciones consecutivas en el fondo de la tabla nacional, es un hecho inédito en la historia reciente del municipio.
Izcalli no sólo pierde la estabilidad lograda en los años previos, sino que se convierte en el municipio peor evaluado del país en efectividad gubernamental.
Las cifras hablan por sí mismas. Y explican lo que en el Cabildo se ha manifestado en forma de reclamos, tensiones y denuncias de conductas autoritarias: un gobierno que enfrenta dificultades para mantener la gobernabilidad, comunicar resultados y sostener una relación institucional sana con parte del cuerpo edilicio… y con la ciudadanía.
El dato que destaca por su relevancia política es la comparación con la administración de Ricardo Núñez, figura que fue objeto de críticas constantes por parte del propio Serrano. Paradójicamente, Núñez, a quien se acusaba de falta de capacidad y resultados, nunca cayó a los últimos lugares nacionales. En pocas palabras, Daniel Serrano está saliendo peor, que Ricardo Núñez.