*Cuando la insinuación no basta; alcalde debe denunciar en caso Alpura
El presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano, esta semana, lanzó una frase que no es menor. No fue en pasillo, no fue en banqueta; fue en su conferencia oficial, el órgano informativo que él mismo ha establecido como el principal canal de comunicación de su gobierno.
Dijo que antes “se hacían de la vista gorda”; que “se ponían de acuerdo de otra manera”. Dijo que eso generó que no se cobrara derechos o impuestos lo que debía cobrarse. Y lo señaló, en referencia a inspecciones y cobros relacionados con las descargas de agua de la empresa Alpura.
Eso, traducido al lenguaje institucional, es insinuar corrupción. No es una palabra menor; es una acusación implícita de arreglos indebidos entre autoridad y empresa, con daño a la Hacienda pública.
Si el alcalde tiene información concreta de que hubo acuerdos irregulares en administraciones anteriores, entonces la pregunta es obligada: ¿Dónde están las denuncias?.
Porque si hubo corrupción, no basta con mencionarla en conferencias. Debe investigarse, documentarse y denunciarse. Y si no hubo corrupción, entonces las insinuaciones son extremadamente delicadas.
La cifra de dinero involucrada necesita explicación. El alcalde anunció que, derivado de revisiones a Alpura, ingresarán alrededor de 122 millones de pesos: 22 millones a Medio Ambiente y 100 millones al organismo de agua, administrados durante los próximos tres años.
Y como sucede en estos casos, lo interesante de la noticia no es lo que se dice, sino lo que no se dice. A raíz del anuncio, surgieron preguntas que demandan respuestas: ¿De cuánto era el monto total originalmente observado? ¿Cómo se determinó la cifra final? ¿Hubo multa, convenio o regularización? ¿Se condonó alguna parte?.
Si la deuda era mayor, ¿por qué quedó en 122 millones? Si era menor, ¿por qué esa cantidad?.
Cuando se habla de recursos públicos y de empresas de talla internacional, la transparencia no es opcional.
Alpura no es una empresa improvisada. Es una compañía con estándares corporativos y estructura institucional sólida. Cuando desde la máxima tribuna municipal se sugiere que existieron arreglos “de otra manera”, el señalamiento no sólo alcanza a exautoridades, sino que también roza a la empresa.
Luego entonces, si hubo irregularidades, deben acreditarse; si no las hubo, también debe aclararse. Porque insinuar sin documentar coloca a todos en una zona gris.
El presidente municipal intenta trazar una línea política: contrastar su administración con las anteriores. Presentarse como el gobierno que sí cobra, que sí supervisa, que sí actúa. Eso es válido en el terreno político. Pero cuando se habla de posibles actos irregulares con daño a la Hacienda de todos los izcallenses, el terreno deja de ser político y se vuelve jurídico.
Si un servidor público afirma que existieron acuerdos indebidos y no promueve su investigación formal y denuncia, puede abrirse la discusión sobre responsabilidad por omisión.
Pero si todo queda en frases lanzadas desde el micrófono oficial, entonces no estamos frente a un acto de rendición de cuentas, sino frente a una estrategia politiquera.